El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que en los próximos días el Gobierno de Keiko Fujimori emitirá una directiva que "repondrá la autoridad" de directores y docentes para sancionar y expulsar a estudiantes agresores, tras la conmoción generada por el caso de violación sexual contra un menor en el Liceo Naval Almirante Guise.

Según anunció Chang ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, la medida busca revertir la normativa vigente que impide separar a los agresores de las aulas mientras las víctimas terminan por abandonar la institución.

"El mundo al revés, donde los padres del agredido terminan retirando al alumno de la escuela porque el agresor no puede ser retirado de la escuela", describió Chang, quien explicó que la nueva norma contemplará instancias progresivas de sanción según la gravedad de la falta.

Instancias de sanción

"Esta directiva tendrá que tener sus instancias: amonestaciones verbales, escritas, suspensión de la matrícula, suspensión de las actividades académicas y que podría llegar hasta la expulsión si fuera el caso", indicó. Precisó que esa salida del centro educativo no implica privar al estudiante sancionado de su derecho a la educación.

"Podrá ir a un centro de educación básica alternativa, en las noches o los sábados, domingos, o tal vez de manera virtual, pero no puede estar en el mismo centro educativo en que está al que él agredió", agregó.

Normativa actual

La norma que hoy rige la convivencia escolar es el Decreto Supremo 004-2018-Minedu, emitido durante la presidencia de Martín Vizcarra, que obliga a garantizar la continuidad del servicio educativo tanto para la víctima como para el agresor. En 2022, bajo la gestión de Pedro Castillo, el Ministerio de Educación llegó a señalar que la expulsión de escolares contravendría la Ley 29719, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.

Terapia para agresor y padres

El ministro José Antonio Chang planteó que la respuesta institucional no puede limitarse a la sanción disciplinaria y anunció la convocatoria al Colegio de Psicólogos del Perú para que aporte una opinión especializada en el diseño de las nuevas medidas. El ministro remarcó la necesidad de un tratamiento integral que incluya al núcleo familiar del agresor, no solo al estudiante.

"Nada hacemos haciéndole un tratamiento al niño si cuando regresa a la casa sigue viendo actos de violencia o falta de control o límites que deben poner los padres de familia en sus hogares", afirmó. "Por lo tanto, si va a haber un tratamiento, que sea un tratamiento integral al bloque familiar", agregó.

Chang insistió que la reposición de la autoridad escolar debe hacerse sin vulnerar los derechos del menor y llamó a que todos los actores involucrados asuman su parte. "Tiene que actuar la familia, tiene que actuar el profesor, tiene que actuar la autoridad, el Gobierno, también los colegios profesionales", sostuvo ante la comisión del Congreso.