Yasen Rojas Tábara, conocido como “Chiquiplum”, permanece bajo detención preliminar por su presunta participación en una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas de Lima Norte y el Callao.

Aunque aseguró ante los agentes que únicamente trabajaba como cobrador de pasajes, las pesquisas policiales apuntan a que habría cumplido una función estratégica: conseguir información confidencial de las víctimas para facilitar amenazas contra ellas y sus familiares.

Según la hipótesis fiscal, Rojas Tábara habría aprovechado su aparente labor en las combis para acercarse a los conductores, ganarse su confianza y recopilar datos sin despertar sospechas. Su supuesto papel dentro de la estructura delictiva estaría relacionado con actividades informáticas ilícitas destinadas a identificar a quienes se resistían al pago de cupos.

Las autoridades atribuyen al investigado la práctica del doxeo, modalidad que consiste en recopilar y difundir información privada de una persona sin autorización, generalmente con fines de intimidación. Para ello, habría ingresado irregularmente a sistemas particulares y plataformas estatales, entre ellas las vinculadas con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Según las investigaciones, el sospechoso extraía fotografías, fichas personales y registros de los familiares de los transportistas amenazados. Estos elementos habrían servido para intensificar las presiones, pues permitían demostrar que los integrantes de la banda conocían detalles del entorno cercano de sus víctimas.

El material obtenido presuntamente era entregado a José Blas Saavedra Llerena, alias “Gordo Moy”, señalado como el cabecilla de la organización, y a Antony Alexander Lizana Huatay, conocido como “Tony”, quien habría actuado como su lugarteniente. Ambos son vinculados con las acciones de amedrentamiento contra trabajadores del sector.

La estructura delictiva investigada habría mantenido bajo amenaza a más de 180 vehículos pertenecientes a diversas compañías de transporte, entre ellas Holding, Línea 21 y Lorito. Los conductores presuntamente recibían exigencias económicas para continuar con sus operaciones sin sufrir represalias.

Según los detalles difundidos sobre el caso, las actividades atribuidas a esta agrupación habrían generado ingresos superiores al millón de soles mediante el cobro de cupos. Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán establecerse a partir de las pruebas reunidas durante las diligencias fiscales y policiales.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) continúa examinando los peritajes digitales para determinar cómo se habrían obtenido los registros personales y de qué manera circulaban entre los integrantes de la banda. Las diligencias buscan establecer el alcance de los accesos irregulares, identificar las posibles fuentes de información y esclarecer los vínculos entre los investigados.

Por ahora, Rojas Tábara sostiene que únicamente se desempeñaba como cobrador de pasajes. La Policía, en cambio, mantiene la hipótesis de que habría actuado como proveedor de información sensible para los presuntos extorsionadores. Los resultados de las pericias y demás actuaciones permitirán determinar si tuvo la función que se le atribuye en las amenazas contra transportistas de Lima Norte y el Callao.