El Congreso de la República aprobó la Cuenta General de la República 2025, luego de 12 años sin que este documento del Poder Ejecutivo recibiera respaldo parlamentario. La decisión busca fortalecer el control, la transparencia y el seguimiento del gasto público en el Perú.
La Cuenta General de la República reúne los resultados presupuestarios, financieros, económicos y patrimoniales del Estado durante un ejercicio fiscal. Su aprobación permite revisar cómo se registraron los ingresos y gastos públicos y conocer la situación de las cuentas estatales.
La aprobación se produjo en el Congreso Bicameral. En el Senado, el documento recibió 85 votos a favor, 11 en contra y 25 abstenciones. En la Cámara de Diputados obtuvo 36 votos a favor, 9 en contra y 9 abstenciones.
Uno de los principales cambios está relacionado con el seguimiento de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República. El dictamen plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas presente un plan para aplicar las recomendaciones del órgano de control.
Además, se propone facilitar el acceso de la Contraloría a información tributaria anonimizada de la Sunat, siempre bajo el respeto de la reserva tributaria.
Otro punto relevante es la creación de un Inventario Nacional de Obras Paralizadas. Esta herramienta permitirá reunir información sobre proyectos detenidos y apoyar la búsqueda de soluciones para su reactivación.
La Contraloría reportó resultados distintos en la revisión de las cuentas públicas de 2025. Emitió una opinión limpia sobre el Estado de Tesorería y el Estado de la Deuda Pública. En los estados presupuestarios presentó una opinión con salvedades y se abstuvo de opinar sobre los estados financieros consolidados.
El informe incorporó información de 2.536 de las 2.547 entidades evaluadas, equivalente al 99,6 % de cobertura.
Uno de los principales desafíos es atender las 2.416 obras públicas paralizadas, cuyo valor alcanza cerca de S/ 67.000 millones.
La aprobación de la Cuenta General 2025 no implica validar la gestión de funcionarios ni elimina posibles responsabilidades. Su importancia está en fortalecer el seguimiento de las cuentas públicas y mejorar el control sobre los recursos del Estado.
