El allanamiento a la ONPE por retrasos electorales marcó un nuevo capítulo en la crisis de la jornada 2026. Fiscales anticorrupción y agentes de la Policía intervinieron la sede central del organismo en el Centro de Lima para recolectar documentación, equipos y registros vinculados a la distribución del material electoral.

Según Infobae, la medida fue autorizada por un juez tras la denuncia presentada por el Ministerio Público, que busca determinar si hubo delitos de omisión, colusión o negociación incompatible en los contratos de transporte del material, especialmente con la empresa Servicios Generales Galaga. La diligencia también apunta a identificar a los funcionarios responsables de no garantizar la entrega oportuna a los locales de votación.

Posible inclusión de Corvetto y efectos en el proceso

En este contexto, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, podría ser incluido formalmente en la investigación fiscal, de acuerdo con fuentes citadas por el propio reporte. El Ministerio Público evalúa su rol en la supervisión de la logística electoral y en la contratación de la empresa acusada de incumplimiento.

Paralelamente, el JNE y la Junta Nacional de Justicia han advertido que se determinarán responsabilidades administrativas y penales por los retrasos que impidieron la instalación oportuna de miles de mesas. El allanamiento a la ONPE por retrasos electorales se suma así a las críticas públicas de gremios empresariales y a las quejas ciudadanas por las largas colas y la ampliación del horario de votación. Lo que ocurra en esta investigación será clave para la confianza en el sistema electoral.