La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. El informe de control identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios, incluido el exjefe de la entidad electoral.
Según el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, las irregularidades provocaron retrasos en la distribución de material electoral y afectaron el derecho al voto de 55 261 electores en Lima Metropolitana durante los comicios realizados el pasado 12 de abril.
Uno de los principales hallazgos señala un presunto favorecimiento indebido a una empresa encargada del transporte de material electoral. La Contraloría detectó que funcionarios de la ONPE elaboraron términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos necesarios para el traslado de equipos y materiales electorales.
Además, los evaluadores aplicaron criterios que no estaban contemplados en las bases del proceso de selección. Esto permitió otorgar la buena pro por más de S/ 6.3 millones a una propuesta económica más costosa, generando un perjuicio para el Estado.
El informe también revela que la empresa ganadora utilizó principalmente vehículos de terceros para cumplir el servicio contratado. De los 477 vehículos empleados, solo 40 eran propios, mientras que 437 pertenecían a terceros.
Otro hecho grave detectado fue la distribución tardía de equipos informáticos electorales. Funcionarios de distintas áreas de la ONPE habrían reprogramado rutas de entrega sin considerar los tiempos reales necesarios para llegar a los locales de votación.
La Contraloría advirtió que esta decisión afectó la instalación de 187 mesas de sufragio en Lima Metropolitana. En total, 3605 mesas recibieron material electoral de manera inoportuna, perjudicando a miles de ciudadanos que buscaban ejercer su derecho al voto.
Asimismo, el organismo de control detectó prestaciones adicionales aprobadas sin sustento técnico ni legal por más de S/ 650 mil. Incluso se incrementó en 900 % el precio unitario del servicio de repliegue de equipos informáticos electorales.
La Contraloría recomendó a la ONPE iniciar acciones administrativas para determinar responsabilidades. También solicitó a la Procuraduría Anticorrupción evaluar acciones penales contra los funcionarios involucrados en estas presuntas irregularidades electorales.
