El robo de celulares en el Perú continúa siendo uno de los delitos más frecuentes y rentables para las organizaciones criminales. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG), administrado por OSIPTEL, actualmente se roban 3.700 teléfonos móviles cada día, una cifra que refleja la magnitud del problema a nivel nacional.
Aunque el número representa una reducción cercana al 40 % en comparación con el 2017, cuando se reportaban alrededor de 6.500 robos diarios, las estadísticas siguen siendo alarmantes. En promedio, un celular es robado cada 23 segundos, mientras que más de 111 mil equipos desaparecen cada mes. Al cierre del año, el país acumula aproximadamente 1,35 millones de celulares robados, según los registros oficiales.
El coordinador del RENTESEG, Luis César Tamo, explicó que estos datos evidencian que el robo de teléfonos móviles continúa siendo uno de los principales delitos en el Perú. Además, advirtió que este mercado ilegal genera importantes ganancias para las organizaciones criminales, que luego comercializan los equipos sustraídos mediante redes informales o alterando su identificación.
Las autoridades recuerdan que el bloqueo del equipo y el reporte inmediato del robo son medidas clave para reducir el comercio ilegal de celulares. Asimismo, el fortalecimiento de herramientas como el RENTESEG permite identificar equipos reportados y dificulta su reactivación dentro de las redes móviles.
OSIPTEL también insiste en que los usuarios deben comprar teléfonos únicamente en establecimientos autorizados y verificar el origen del equipo antes de adquirirlo. Esta práctica ayuda a disminuir la demanda de celulares robados y contribuye a combatir este delito.
Pese a la reducción registrada en los últimos años, el robo de celulares sigue afectando la seguridad de miles de ciudadanos en todo el país. Las cifras oficiales muestran que este delito mantiene una alta incidencia y continúa representando un desafío para las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. La lucha contra el comercio ilegal de equipos móviles requiere acciones coordinadas entre el Estado, las empresas operadoras y la ciudadanía para frenar el mercado negro y proteger a los usuarios.
