Juntos por el Perú presentó una denuncia penal contra la virtual presidenta electa Keiko Fujimori, el presidente José María Balcázar, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, el actual jefe del organismo, Bernardo Pachas, y el canciller Carlos Pareja. La denuncia fue presentada por el personero legal alterno del partido en Arequipa, Pablo Salas, ante el despacho del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
El documento sostiene que durante la segunda vuelta electoral se habría ejecutado una supuesta operación para alterar los resultados. Sin embargo, la denuncia no presenta pruebas que acrediten la existencia de un fraude electoral. En cambio, expone una serie de hechos que, según el partido, serían indicios de una presunta manipulación del proceso.
Entre los argumentos figura un decreto supremo de 2025 que actualizó las remuneraciones del servicio diplomático. Juntos por el Perú asegura que esta medida habría favorecido a funcionarios encargados de supervisar la votación en el extranjero, aunque no aporta evidencia que respalde esa afirmación.
La denuncia también cuestiona el relevo de embajadores estratégicos, al sostener que ello debilitó la fiscalización del voto en el exterior. No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que dichos diplomáticos continuaban ejerciendo funciones mientras se oficializaba el término de sus encargos.
Otro de los puntos señalados es el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). El partido afirma que el sistema presentaba vulnerabilidades y que estas pudieron afectar el proceso electoral. Sin embargo, el documento tampoco incorpora pruebas técnicas que sustenten esa acusación.
Asimismo, Juntos por el Perú cuestiona una resolución de la ONPE relacionada con el escrutinio en el extranjero y sostiene que limitó la labor de los personeros. Ese mismo argumento ya fue evaluado y rechazado por el Pleno del JNE durante el proceso electoral.
Finalmente, la denuncia acusa una supuesta injerencia de la Embajada de Estados Unidos en Lima y de su embajador Bernie Navarro. El documento asegura que existió presión política para favorecer un resultado electoral, pero nuevamente no presenta evidencia que respalde esa versión. Hasta el momento, las autoridades electorales mantienen que el proceso se desarrolló conforme a la ley.
