El Poder Judicial formalizó la propuesta de destitución de magistrados para tres jueces de la Selva Central ante la JNJ. Mediante la Resolución Corrida N.° 000165-2025-P-PJ, la presidenta Janet Tello Gilardi dispuso el traslado del expediente. Esta decisión responde a la investigación realizada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
Los magistrados implicados son Olinda Valeria Auris Rodríguez, Juan Cristian Montes Abregú y Rosa Inés Saavedra Balarezo. Ellos laboran en diversas salas y juzgados de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. El jefe de la ANC, Roberto Palacios Bran, remitió originalmente la propuesta tras una investigación definitiva.
Integridad en la Selva Central
La normativa vigente exige que sea la Junta Nacional de Justicia quien resuelva estas sanciones disciplinarias. Por ello, la resolución se ampara en el artículo 154 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, se basa en la Ley Orgánica de la propia Junta Nacional de Justicia.
La propuesta de destitución de magistrados incluye el envío total de la Investigación Definitiva N.° 132-2023-Selva Central. El documento oficial fue firmado digitalmente el 11 de noviembre de 2025 por la máxima autoridad judicial. Ahora, el órgano autónomo deberá evaluar las pruebas para determinar si aplica la sanción máxima de separación. Con este paso, el sistema judicial reafirma su compromiso con la transparencia y el debido proceso legal.
Limpieza institucional y debido proceso Actualmente, el proceso está bajo la supervisión directa de la Junta Nacional de Justicia para su decisión final. Este organismo autónomo evaluará las pruebas presentadas y garantizará el derecho a la defensa de los implicados. Es vital recordar que los magistrados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista un fallo definitivo. La destitución de jueces en Selva Central solo ocurrirá si se confirman plenamente las irregularidades señaladas en el informe.
Por otro lado, esta acción administrativa demuestra el compromiso de las autoridades con la vigilancia interna constante. El traslado del expediente asegura que el caso se resuelva bajo el marco constitucional vigente. En consecuencia, el sistema judicial espera un veredicto que refuerce la confianza ciudadana en las instituciones del país.
