El gobierno de Chile, liderado por José Antonio Kast, inició un plan de expulsiones masivas de extranjeros en situación irregular, marcando un endurecimiento de su política migratoria en 2026. Esta medida busca reducir la presencia de más de 300 mil migrantes sin documentación en el país.

El operativo ya comenzó con el despegue de un primer vuelo desde Iquique, que trasladó a 40 ciudadanos extranjeros hacia Bolivia, Colombia y Ecuador. Según las autoridades chilenas, algunos de los expulsados tenían antecedentes por delitos graves como robos y tráfico de drogas.

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, señaló que estas acciones se ejecutarán sin previo aviso, con el objetivo de garantizar su efectividad y reforzar la seguridad nacional. La estrategia incluye expulsiones tanto por vía aérea como terrestre.

Este escenario ha generado un impacto inmediato en la frontera con Perú. En la región de Tacna, las autoridades han intensificado los controles para evitar ingresos irregulares por pasos no habilitados.

El gobierno peruano ha desplegado patrullajes permanentes con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas. Además, se ha incorporado el uso de tecnología avanzada, como drones y cámaras térmicas, para vigilar zonas críticas.

Distritos como Palca, La Yarada-Los Palos y Tarata se han convertido en puntos clave de control, donde se busca cerrar rutas utilizadas por redes de tráfico de personas.

A pesar del endurecimiento de las medidas, las autoridades peruanas han asegurado que se mantienen protocolos humanitarios para la atención de migrantes en situación vulnerable, respetando las normas internacionales.

La crisis migratoria en Chile y su impacto en la frontera sur del Perú evidencian un escenario complejo en la región, donde la seguridad, el control migratorio y los derechos humanos se convierten en temas centrales del debate actual.