Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica por un reclamo económico relacionado con su antiguo negocio de panetones. Julio Rodríguez, propietario de la panificadora La Providencia, asegura que el futbolista mantiene pendiente un pago de más de S/58 mil por la producción de los panetones CC10 elaborados durante la campaña navideña de 2023.
El empresario expuso su reclamo en el programa Magaly TV La Firme y afirmó que el caso ya pasó a la vía judicial. Según su versión, antes de presentar la demanda intentó llegar a un acuerdo mediante una conciliación, pero las personas involucradas no habrían acudido a las reuniones.
Rodríguez sostiene que el juez ya admitió la demanda y que continuará con las acciones legales para buscar el pago del monto que reclama. También mencionó la posibilidad de solicitar medidas sobre bienes, aunque precisó que cualquier embargo dependerá del desarrollo del proceso y de las decisiones de la autoridad judicial.
El conflicto se remonta a la producción de los panetones CC10, marca que Christian Cueva promocionó desde 2021. Los productos estaban vinculados a su imagen pública, su apodo de “Aladino” y el número 10 que utilizó durante su carrera deportiva.
Según el empresario, las ventas de la campaña de 2023 no habrían alcanzado las expectativas. A partir de ello, surgió el reclamo por el pago de la producción realizada por La Providencia.
Rodríguez también explicó que, durante la relación comercial, los comprobantes de pago habrían sido emitidos a distintos nombres. Según su testimonio, en 2023 se le pidió facturar a nombre de Jorge Cueva, hermano del futbolista.
La controversia vuelve a tomar fuerza porque Christian Cueva y Pamela Franco lanzaron una nueva marca de panetones llamada Mi Cholito. El nuevo emprendimiento busca ingresar al mercado navideño con pedidos al por mayor y corporativos.
El caso genera atención debido a que el nuevo negocio coincide con el reclamo que el empresario mantiene desde 2023.
Sin embargo, la admisión de una demanda no significa que exista una sentencia que confirme la deuda. La responsabilidad y cualquier eventual medida de ejecución deberán determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.
